Diseñar un país que no arda

Dulce introducción al caos

Los retos de nuestros territorios y de nuestros sectores económicos son complejos. Eso quiere decir que los factores implicados son muchos e interactúan de formas difíciles de predecir y, sobre todo, de analizar por separado.

Los stakeholders implicados también son múltiples, y sus interacciones igualmente complejas. Y en todo reto o transformación, cada persona u organización tendrá una visión distinta (y siempre parcial) de cuál es el problema y qué es lo que hay que hacer. Probablemente, así es como nace lo que llamamos política.

El Diseño Estratégico nos puede ayudar en todo esto. A comprender el sistema y sus complejidades, y a proponer portfolios de soluciones. También a comprender a las distintas partes o stakeholders, a facilitar que estas se alineen hacia un horizonte común, y a aprovechar el poder de la inteligencia colectiva para dar forma e impulsar soluciones que sean sensiblemente mejores para todo el mundo.

Realizamos este blueprint a través de la metodología Regeneración Creativa, basada en tres movimientos.

En (1) EXPLORA – sensing the landscape, investigamos, conversamos, buscamos, mapeamos… para comprender de forma profunda el sistema.

En (2) ACTIVA – planting seeds of change, nos aventuraríamos a co-crear soluciones para la transición (estrategias, políticas, modelos de gobernanza, negocios, servicios…) con diversos stakeholders. Sin embargo, para el propósito de este blueprint, realizamos esta labor de forma modesta en base a nuestro análisis. En este caso, no hemos hecho ningún proceso de co-creación con múltiples stakeholders, aunque sí hemos preguntado a varias personas y validado nuestras ideas con ellas.

En (3) IMPULSA – making seeds flourish, sería el momento de materializar las propuestas de transición. De hacerlas tangibles, y de evaluar su impacto real, de forma colectiva y bien auditada. Todo esto no está en la mano de un pequeño estudio como nosotros. Así que, aquí nos limitamos a empaquetar bien las soluciones que encontramos, aportar herramientas e inspirar, para que puedas coger el testigo y continuar desde aquí.

Iniciemos juntos la chispa que alimentará una transformación positiva.

EXPLORA: quién es quién, soluciones existentes, y un mapa hacia el futuro

El año 2025 fue el peor del siglo XXI en España, con cerca de 400.000 hectáreas quemadas (France 24, julio de 2026). El 2026 también apunta a ser de los peores de la década, acumulando unas 186.000 hectáreas quemadas y 38 grandes incendios en poco más de siete meses, más de cinco veces lo calcinado en el mismo periodo de 2025 (La Región, con datos del MITECO, agosto de 2026). De hecho, el 24 de julio de 2026, y por primera vez a causa de incendios forestales, el Estado declaró la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila (Infobae / EFE).

En cualquier caso, debemos separar el grano de la paja. Hay dos problemas distintos: por qué empieza un fuego, y por qué este se convierte en catástrofe. Ambos tienen causas y soluciones distintas.

El número total de incendios, en realidad, lleva décadas descendiendo: hay menos igniciones. Sin embargo, la superficie quemada y la violencia del fuego han ido creciendo (informe de WWF recogido por France 24). Menos chispas, más superficie.

Un solo dato lo resume: los grandes incendios forestales (los que superan las 500 hectáreas) son menos del 1 % de todos los siniestros, pero concentran la gran mayoría de la superficie quemada, y su tamaño medio no deja de crecer, arrastrado por unos pocos incendios de decenas de miles de hectáreas (MITECO, Avance informativo de incendios forestales 2025; Science Media Centre España). No ardemos más veces. Ardemos más fuerte.

Los factores estructurales

Un factor estructural: el abandono rural y la acumulación de combustible

Hay una mayor acumulación y continuidad de la biomasa vegetal, derivada del abandono rural.

El paisaje que había mantenido el fuego a raya durante siglos era un mosaico de cultivos, pastos, bancales y bosques. Y este paisaje lo producía una actividad humana rural que ha ido desapareciendo durante el siglo XX; luego hablaremos del porqué. La ganadería extensiva consumía el matorral, la recogida de leña abría los sotobosques, y los bancales fragmentaban las laderas.

Cuando estas actividades humanas desaparecen, la vegetación se homogeneiza y queda sin esas discontinuidades. Antes de que el ser humano tuviera un impacto tan significativo sobre los ecosistemas, los bosques eran capaces de autorregularse. No eran una masa densa uniforme, sino más bien, un caos natural con mucha diversidad. Más parecido a ese mosaico del que hablábamos. Pero hace siglos que, precisamente por la influencia humana sobre los ecosistemas, estos bosques necesitan de una gestión activa. Ya nos valdría, a los seres humanos, vernos como stewards de los ecosistemas naturales que habitamos.

La evidencia reciente es contundente. Un estudio sobre los fuegos del noroeste peninsular de 2025 encontró que más de la mitad de todo lo quemado en la UE aquel mes se concentró en una franja que apenas supone el 2 % del territorio, y que fueron los matorrales del abandono, no los bosques gestionados, los que ardieron muy por encima de lo esperable (Repeto-Deudero et al., 2025, Global Change Biology). Y cuando cruzamos demografía e incendios… el despoblamiento rural aparece como el indicador que mejor se correlaciona con la superficie quemada, según el estudio del Eixo Atlántico dirigido por Juan Picos, de la Universidad de Vigo (Galiciapress, 14/07/2026). A lo largo del siglo XX, la población rural española cayó de en torno al 35 % al 10 % del total (BBVA, 2025). Conforme se vacía la España rural, se llena el monte de combustible sin gestionar.

El clima como amplificador

El cambio climático es un factor, por supuesto. No es la chispa que enciende nuestros montes, pero multiplica el impacto devastador de cada incendio. Incluso, cambia la naturaleza y el comportamiento del fuego.

El cambio climático alarga la temporada de riesgo, e intensifica y encadena olas de calor. También crea una bomba de relojería: primaveras húmedas que generan abundante vegetación, seguidas de veranos extremos que la secan y convierten en combustible. Más de la mitad de los grandes incendios ibéricos recientes se han propagado más rápido de lo que lo habrían hecho en un clima preindustrial (Senande-Rivera et al., 2025, npj Climate and Atmospheric Science).

Así es como asistimos al surgimiento de los llamados «incendios de sexta generación» o «mega-incendios». No es tanto una cuestión de tamaño (que también), sino de comportamiento. Estos incendios liberan tanta energía que pueden alterar la propia dinámica atmosférica, generando sus propios vientos y comportamientos erráticos que superan con facilidad los sistemas tradicionales de extinción.

Con estos dos factores, tenemos un clima que crea las condiciones para incendios devastadores, y montes llenos de combustible listo para iniciarlos. Así pues, ya empezamos a vislumbrar algo: debemos, por supuesto, mitigar el cambio climático cuanto antes, pero esta transición es lenta y, mientras tanto, debemos gestionar el paisaje de forma que podamos limitar este descontrol.

Entre la prevención y la extinción

España ha construido uno de los mejores sistemas de extinción del mundo, y ese éxito genera un efecto perverso conocido como paradoja de la extinción. Al apagar sistemáticamente todos los fuegos pequeños, se impide la quema periódica de baja intensidad que históricamente vaciaba el combustible, de modo que este se acumula hasta que se produce el incendio que ningún dispositivo puede detener. En palabras del analista de incendios Marc Castellnou, esos fuegos de baja intensidad «vacunan» el paisaje frente a los de alta intensidad (Vallfirest; Universidad de Zaragoza / IUCA).

Por otro lado, la asignación presupuestaria refleja lo contrario a lo que la ciencia recomienda. Según los datos de ASEMFO, en torno al 78 % del gasto público contra incendios se destina a extinción y solo alrededor del 12 % a prevención (recogido por Infobae, 25/07/2026; serie de presupuestos 2000-2024 en forescat). El tema es que apagar fuegos nos sale mucho más caro que las actuaciones preventivas. Para dar una idea: apagar una hectárea cuesta del orden de 19.000 euros, mientras que mantenerla con un rebaño para que no arda cuesta unos 200 (La Voz del Sur). Se paga la factura cara por no haber pagado la barata. Además, estas actividades preventivas generan actividad económica y empleo de calidad en el medio rural.

Hay alguna cuestión sobre ese desequilibrio 78/12, en la que queremos poner la lupa. Decir que «el dinero va sobre todo a extinción» no significa que la extinción esté sobrada de recursos. Significa que el sistema gasta mucho, y tarde, en apagar, y muy poco, y a destiempo, en prevenir. Además, ese 78 % no paga una plantilla profesional y estable, sino dos cosas muy distintas. Por un lado, medios intensivos en capital, caros y muy mediáticos. Por otro, mano de obra a menudo estacional, subcontratada y precaria. De nuevo, priorizar lo visible frente a lo invisible. Y aquí reaparece la fragmentación en diecisiete modelos de la que hablaremos más adelante: un mismo bombero forestal puede cobrar 1.200 o 1.500 euros, ser fijo o de temporada, personal público o subcontratado, según la comunidad autónoma en la que trabaje. Precisamente para poner un suelo común a esas condiciones, y para reconocer la categoría profesional de quienes hasta entonces figuraban a veces como «peones», se aprobó la Ley 5/2024, básica de bomberos forestales (BOE). Un año después, su aplicación sigue siendo muy desigual entre comunidades autónomas de distinto signo político, como denuncian los sindicatos del sector (UGT). Una amiga que trabaja como bombera forestal en la Comunidad Valenciana nos lo contaba sin rodeos: se ha construido el mejor sistema de extinción del mundo sobre una plantilla precaria a la que, encima, se le pide que no se queje.

¿El inicio del fuego?

Este es el terreno donde más se distorsiona el debate. Alrededor del 95 % de los incendios tienen origen humano, y solo un 5 % son naturales, por rayo, según la Estadística General de Incendios Forestales del MITECO, que es la fuente oficial desde 1968 (MITECO, EGIF). Pero esto no quiere decir que sean producto del sabotaje ambiental: muchos son negligencias y usos tradicionales del fuego mal ejecutados o descontrolados. En Asturias, la quema para regenerar pasto ha llegado a originar el 70 % de las igniciones (Informe C, Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso). Así que la afirmación política de que «el 80 % son intencionados» realmente no se sostiene.

El matiz decisivo lo resume el investigador Víctor Resco de Dios: el origen de la chispa no determina cómo evoluciona el fuego; lo decisivo es la cantidad de combustible, su continuidad y su sequedad (Infobae, 15/07/2026). Perseguir igniciones es necesario, pero secundario. Siempre habrá chispas. El objetivo no es un paisaje sin igniciones, que es imposible, sino un paisaje donde una ignición no pueda convertirse en catástrofe. Y por eso volvemos a esa idea que ya hemos comentado antes: el problema no está en la chispa, sino en lo que la chispa encuentra al arrancar.

Hay además un relato con mucha trampa, que conviene desactivar: el de que «las leyes verdes impiden limpiar el monte». Es cierto que la fragmentación normativa entre administraciones y ciertos trámites lentos añaden fricción a la gestión. Pero la causa profunda del combustible acumulado no es una ley: es que gestionar el monte dejó de ser rentable y la gente se marchó.

Y hay una segunda politización, simétrica de la anterior. Si un relato culpa de todo al ecologismo, otro culpa de todo al clima. Como nos apunta nuestra amiga bombera, «los políticos suelen decir que el incendio aumenta por las condiciones [climáticas], pero no dicen que también es por falta de recursos». El clima es real y es un multiplicador de primer orden, ya lo hemos visto; pero usarlo como explicación única es tan tramposo como el «hay que limpiar el monte», porque tapa un fallo de gestión y de inversión que sí está en nuestras manos. Los dos relatos sirven a una tribu; ninguno describe el sistema completo.

¿Quién es quién?

El diagnóstico anterior explica por qué el problema existe materialmente. Pero nos falta entender por qué persiste, aunque se conozcan soluciones desde hace años (las desglosamos más adelante). Y esta… es ya una cuestión de poder. De mapear stakeholders. Quién es quién y quién hace qué en el tablero.

El economista Mancur Olson (Olson, 1965) describió la asimetría que se produce cuando los costes de una reforma están concentrados en pocos actores con mucha voz, y sus beneficios repartidos difusos entre muchos. El sistema desarrolla un sesgo estructural que se opone a la implementación de soluciones, por sólida que sea la evidencia a favor.

Del lado del statu quo hay una concentración de intereses en torno al complejo de la extinción, es decir, el negocio de los medios aéreos y terrestres y el aparato estacional de campaña, cuyos ingresos dependen del desequilibrio 78/12. A ese interés económico se suma un incentivo político: la imagen del hidroavión apagando llamas renta mucho en televisión, mientras que el éxito de la prevención es mucho menos visible y menos mediático.

Enfrente, los beneficiarios de la prevención están mucho más difusos y tienen menos voz. Somos todos. El público general, el territorio rural despoblado, las generaciones futuras. Y los agentes naturales de la prevención, los ganaderos extensivos, son un colectivo envejecido y desorganizado. Luego retomaremos esta cuestión estratégica: estos grupos podrían, potencialmente, formar una coalición. Gente que hoy no se moviliza pero que podría convertirse en la defensa activa de la prevención si se articula correctamente.

Ojo, antes de seguir, maticemos algo. Una cosa es el negocio de la extinción (las contratas, las empresas de medios) y otra muy distinta son los bomberos y bomberas forestales que están en el monte. Estos últimos no se benefician del desequilibrio: más bien, lo sufren. Nuestra amiga bombera forestal nos contaba que las empresas que llevan la subcontrata de buena parte de España «pagan fatal»; en muchas comunidades los contratos son temporales, solo unos meses al año, por unos 1.200 euros al mes. Ella, en una de las comunidades mejor situadas, cobra 1.500 de base y ha llegado a entrenar «dentro de un contenedor a 44 ºC». Y, sobre todo, falta gente: «Tenemos un 60 % de la plantilla que tendríamos que tener. Somos 3 haciendo el trabajo de 6». Así pues, parece que hemos construido el mejor sistema de extinción del mundo sobre una plantilla precaria a la que, encima, se le pide que no se queje.

Este testimonio afina el mapa. Los bomberos y bomberas forestales no son parte del «negocio de la extinción»: son un segundo colectivo laboral difuso y sin apenas voz, igual que los ganaderos. Dos grupos que sostienen el sistema sobre el terreno y no tienen poder para defender lo que les conviene. Y hay una asimetría de visibilidad que lo explica casi todo: el político puede aparecer cada día en la foto «al pie del cañón», pero, como resume nuestra amiga, «no ven, o no quieren ver, la realidad actual y la de los próximos años».

Como actores pivote, que podrían moverse entre distintas posiciones, cabe señalar al sector asegurador, que soporta pérdidas crecientes por incendio y podría alinearse con la prevención, y a los municipios de la interfaz urbano-forestal. Y, por supuesto, tenemos la dimensión de poder formal de todo este mapa: el reparto competencial entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales (Ley 43/2003 de Montes; El Independiente). En el aparato del Estado Español existe una fragmentación que produce una distribución regresiva de la capacidad, porque las comarcas de mayor riesgo y más despobladas son, casi siempre, las de menor capacidad de gestión.

Esto ya nos deja algunas ideas que retomaremos en ACTIVA: antes de esperar que la prevención tenga defensores, hay que construir la coalición que la defienda. Y a quienes puedan oponerse a las soluciones, debemos incorporarlos en el debate y en la co-creación. Alinearnos. Ver qué compensaciones se pueden diseñar, en lugar de presentar el cambio como una amenaza.

¿Qué soluciones existen?

Vamos a mapear ahora las soluciones que ya existen. Un poco de benchmarking. Con perspectiva crítica, eso sí, reconociendo también sus contrapartidas (tradeoffs).

Cortafuegos

La demanda popular de «más cortafuegos y más grandes, como antes» arrastra una confusión. Y es que, a día de hoy, existen varios tipos de cortafuegos, y no todos son visibles como los tradicionales. La faja cortafuegos clásica deja el suelo desnudo; la ingeniería forestal moderna prefiere el área cortafuegos, que no elimina toda la vegetación sino que la trata y reduce, a menudo conservando arbolado. Existen incluso los llamados cortafuegos verdes: franjas plantadas con especies poco inflamables y de alto contenido en humedad (a veces mantenidas con pastoreo o cultivo) que frenan el fuego sin dejar el suelo desnudo (Basotec). No es que «las leyes verdes» prohíban los cortafuegos; es que la propia técnica ha evolucionado hacia soluciones más vegetadas y eficaces. De hecho, el estudio de los fuegos de 2025 no encontró que los espacios protegidos ardieran de forma desproporcionada (Repeto-Deudero et al., 2025).

Frente a los fuegos actuales, la faja lineal grande falla por tres razones. Primera: los grandes incendios la saltan por proyección de pavesas, lanzando material encendido cientos de metros por delante del frente. El caso de Lloret de Mar en 1979, con veintiuna personas fallecidas, es el recordatorio trágico (The Conversation). Segunda, y contraintuitiva: una faja de suelo desnudo puede aumentar el riesgo localmente, porque el sol reseca el suelo, el viento gana velocidad y el pasto fino que rebrota es aún más inflamable. Tercera: no detiene ni el fuego de copa ni los convectivos. Además, un cuarto factor… dejar desnudo el monte aumenta, una vez pasa el verano y vienen las lluvias, el riesgo de derrumbes y torrentes de agua destructivos que no encuentran obstáculo a su paso.

Con todo, los cortafuegos tradicionales (faja lineal) tienen un valor operativo. Sirven de línea de apoyo y de acceso para que los equipos de extinción trabajen con seguridad. Son infraestructuras para la extinción, no para la prevención. Como una cirugía de emergencia. No son tan útiles para la prevención por lo que hemos comentado antes, y porque el fuego tiene un factor de imprevisibilidad que… ¿dónde haces la cirugía antes de que ocurra el mal? Por eso la técnica evoluciona de la faja a las áreas cortafuegos tratadas.

La técnica también ha evolucionado más allá, a los puntos estratégicos de gestión, colocados según cómo se comporta el fuego en el territorio, para modificar su propagación y no para detenerlo en un punto. Conviene explicar bien qué son, porque es donde está la inteligencia del modelo. La idea es la siguiente: los grandes incendios no se propagan al azar, sino que tienden a repetir los mismos recorridos (las mismas laderas, los mismos corredores de viento, las mismas divisorias) según la topografía y el régimen de vientos de cada comarca. Los analistas del fuego estudian esos patrones históricos y de comportamiento, y sitúan las intervenciones (una quema prescrita, un área cortafuegos, un mosaico de pasto) justo en los pocos puntos donde, si el fuego pierde intensidad ahí, cambia el desenlace de todo el incendio. No se trata, por tanto, de «limpiar» mucho territorio, sino de tratar poco y en el sitio exacto. Es la diferencia entre regar todo el campo y regar solo la raíz. Su relación con el cortafuegos es directa: un punto estratégico de gestión puede materializarse como un área cortafuegos, pero colocada con criterio de comportamiento del fuego, no en una línea recta sobre el mapa. Es el cambio de paradigma del modelo catalán (Rifà y Castellnou, 2007): cuanto más eficaces somos apagando, mayores llegan a ser los incendios; y por eso hay que reintroducir el fuego, de forma controlada, como herramienta.

El paisaje en mosaico

El mosaico es el salto de escala que el cortafuegos no puede dar: de la línea al territorio. Es una propiedad del paisaje entero, un tapiz de teselas con inflamabilidad y humedad distintas (cultivos verdes, pastos comidos a ras, bosque aclarado, fondos de valle húmedos, algo de matorral). Se disponen de modo que rompen la continuidad del combustible, tanto en horizontal como en vertical.

Funciona porque el fuego se alimenta de continuidad. En un paisaje homogéneo, un frente acumula energía sin freno; en un mosaico, choca una y otra vez con teselas que arden mal, pierde intensidad y abre oportunidades a la extinción. Es un paisaje autolimitante por diseño. Si el cortafuegos era un torniquete o una amputación de emergencia, el mosaico es un sistema circulatorio sano.

La cuestión es que ese mosaico no era natural, lo producía el trabajo del campo, como hemos comentado antes. Para rehacerlo, no contar con una obra que se contrata y termina, sino que es una gestión continua. Nos toca reactivar una actividad rural viva. Por eso los proyectos que funcionan son económicos antes que técnicos: Ramats de foc en Cataluña (un sello de carne y lácteos ligado al pastoreo preventivo) (Pau Costa Foundation), la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA), Mosaico Extremadura o Gran Canaria Pastorea.

Por supuesto, como todas las soluciones, tiene sus limitaciones: no se puede convertir todo el país en mosaico, y ningún paisaje garantiza seguridad en los días de meteorología más extrema. El mosaico reduce la frecuencia de los grandes incendios y los hace más gobernables. Nos ayuda a gestionar el riesgo, pero no es una vacuna absoluta.

La ganadería extensiva

El mecanismo es de una simpleza casi ofensiva: el animal consume el combustible fino, que es justo el que propaga el fuego y le da velocidad. Un rebaño pastando mantiene un área cortafuegos o una tesela del mosaico a un coste ínfimo, y encima produce alimento. Es un cortafuegos vivo que se automantiene (Pau Costa Foundation).

Entonces, ¿por qué no se consolida esta solución? El problema, de nuevo, es más económico e institucional que técnico. El servicio de prevención que presta el ganadero es un bien público que el mercado, hasta ahora, no ha remunerado. A eso se suman la baja rentabilidad del pastoreo, la falta de relevo generacional, los conflictos con la fauna, una PAC que no retribuye bien los servicios ambientales y unas infraestructuras (p.ej. cañadas, puntos de agua) degradadas.

Por otro lado, el pastoreo, como solución, también tiene sus tensiones. El sobrepastoreo es la imagen opuesta al abandono: demasiada carga compacta el suelo, erosiona y contamina. Así pues, en el evento de implementarlo como solución, se debe ajustar la carga adecuada al lugar adecuado. También está la tensión con la biodiversidad, más sutil: el pastoreo protege los hábitats abiertos y su fauna, amenazada precisamente por el abandono, pero el mismo matorral que se reduce por seguridad puede ser el hábitat de especies especialistas; según las prácticas concretas, el pastoreo genera «servicios o deservicios» (Campos y Regos, 2025, Ecological Applications). Y por último, el fuego pastoral cierra un círculo nada virtuoso: la misma cultura que ofrece la solución porta una de las causas (esas chispas que, con el contexto actual, se descontrolan con mayor probabilidad).

La respuesta correcta, probablemente, pasa por regularizar: quemas pastorales legales, supervisadas y planificadas. Convertir al pastor en un gestor activo del fuego. En un aliado del paisaje.

La valorización de la biomasa

La valorización de la biomasa, como las demás soluciones, puede ser también un arma de doble filo. El criterio que separa una buena estrategia de biomasa de una mala es qué dirige la corta.

Una estrategia sostenible es aquella en la que la energía es la cola de una gestión que se haría igualmente: restos de claras, podas y desbroces que hay que ejecutar para prevenir incendios. Es decir, la valorización energética está al final de la jerarquía de residuos (es la última de las famosas «Rs»). Aquí el combustible que se retira por seguridad se convierte en producto. La prevención de incendios y la generación de energía apuntan en la misma dirección. Una corta insostenible invierte esta prioridad: es la demanda de energía la que dirige la tala. En el peor de los casos, podemos asistir a la reconversión de bosques diversos en monocultivos de crecimiento rápido (que aumentan el riesgo del fuego), o en modelos como el de los pélets transatlánticos (National Geographic).

El concepto de fondo es la deuda de carbono: cortar y quemar libera hoy todo el carbono almacenado, y el árbol de reemplazo tarda décadas en reabsorberlo. Por eso la directiva europea RED III endureció los criterios y reguló el uso en cascada: la madera va primero a su uso de mayor valor, y la energía queda como último recurso para lo no aprovechable (RETEMA).

Pero claro, cada contexto es distinto, y hay matices que hacen de España un caso distinto del debate nórdico o norteamericano. Si el material extraído es de verdad residuo de la gestión preventiva que hay que hacer igual, no dejarlo en el monte no solo es sostenible, sino que reduce el riesgo. El peligro para España no es tanto su modelo actual como importar la lógica de la demanda energética. Bien diseñada, una estrategia de biomasa hace autofinanciable la prevención.

Un mapa del futuro

Hasta aquí hemos leído el sistema tal como es. Pero, antes de diseñar una estrategia, un blueprint, miremos al futuro. Hagamos un ejercicio especulativo. No se trata de acertar el futuro (que nadie puede predecir con exactitud), sino de explorar varios escenarios, para evitar que nuestra estrategia quede a merced de porvenires inciertos.

En realidad, para este blueprint, no hacemos un ejercicio de futuros tan denso como podríamos hacer para otros casos. ¿La razón? La mayor parte del portfolio de soluciones es ya robusto en casi cualquier futuro plausible. Pero aún así, debemos sacar a la luz escenarios en los que ningún plan se ha visto aún.

Señales, fuerzas, incertidumbres

Un barrido de señales (lo que en prospectiva llamamos, desde Monnou, esquema SETAP: socio-cultural, económico, tecnológico, ambiental y político-legal) permite separar las fuerzas de fondo de las que de verdad pueden bifurcar el futuro. De ese barrido destacan dos incertidumbres críticas, las que combinan alto impacto y alta incertidumbre.

La primera es la vitalidad del medio rural: ¿seguimos hacia el vaciamiento, o hay una revitalización real? La señal es genuinamente ambigua. Domina la tendencia hacia la despoblación (en torno a 1.840 localidades en riesgo de despoblación irreversible, según distintos estudios sobre el mundo rural recogidos por BBVA). Pero existe una contraseñal pospandémica de nuevos habitantes y teletrabajo; de momento incapaz de contrarrestar los desequilibrios estructurales, pero merece la pena tenerla en el mapa. La segunda es el régimen de fuego: ¿una intensificación todavía gobernable, o el cruce de un umbral de ingobernabilidad en el que los megaincendios superan de forma sostenida cualquier capacidad de extinción?

Además de estas incertidumbres críticas, tenemos algunas fuerzas con alto impacto pero baja incertidumbre. Tendencias con una dirección bastante clara, que funcionan como el telón de fondo de cualquier escenario. Por un lado, el envejecimiento continuado de la población rural; por otro, la intensificación climática del peligro.

Escenarios

Cruzando esos dos ejes, generamos cuatro futuros.

Gestión de la decadencia (abandono, pero fuego aún gobernable) es el presente prolongado, una especie de business as usual.

Mosaico vivo (revitalización y fuego gobernable) es el futuro que este blueprint persigue, por considerarlo más deseable.

Convivencia con el fuego (revitalización pero fuego ingobernable) obligaría a una adaptación más profunda. Por un lado, a desarrollar una cultura del fuego: asumir, como sociedad, que el fuego forma parte de nuestros paisajes mediterráneos y que el objetivo no es eliminarlo sino convivir con él: dejar de verlo solo como enemigo a apagar y empezar a usarlo como herramienta. En segundo lugar, a desarrollar la autoprotección universal: trasladar parte de la responsabilidad al territorio habitado: viviendas con materiales y perímetros defendibles, urbanizaciones con vías de evacuación, franjas de seguridad alrededor de los núcleos, vecindarios que saben qué hacer cuando llega el humo (es, además, la medida que más vidas salva por euro, aunque no evite el incendio). Y por último, implementar la quema prescrita normalizada. Que quemar de forma planificada y controlada, en las condiciones y el calendario adecuados, deje de ser un motivo de sospecha y se convierta en una práctica habitual pero bien regulada, como ya lo es en Portugal o en buena parte de Norteamérica.

Y por último, el escenario territorio de sacrificio (abandono e ingobernabilidad a la vez) es el que nadie quiere dibujar: un escenario distópico (pero no implausible).

En ese cuarto escenario, los megaincendios superan cualquier capacidad de extinción en amplias zonas despobladas, y la lógica correcta deja de ser «defender todo el territorio» para pasar a triaje y retirada gestionada: concentrar la defensa en núcleos habitados e interfaces críticas, y aceptar (incluso planificar) el fuego en un monte indefendible. Ningún plan lo contempla, porque nadie lo desea. Pero es lo bastante plausible como para preparar, en frío y con antelación, un protocolo de triaje territorial. La palabra triaje viene de la medicina de emergencias: cuando hay más heridos que médicos, alguien decide, con criterios acordados de antemano, a quién se atiende primero. Aplicado al fuego, significa decidir en frío (no improvisando bajo el humo, sino de forma bien estudiada con anterioridad) qué se defiende siempre (los pueblos, las personas, las infraestructuras críticas). Y qué monte, si no hay medios para todo, se deja arder de la forma más segura posible, canalizando el fuego en vez de plantarle cara donde no se puede ganar. Es una decisión durísima, incluso costosa a nivel de imagen política… pero el protocolo es necesario.

¿Cómo sabremos si nos acercamos a ese futuro? Hay dos señales que conviene monitorizar: la frecuencia de incendios que superan la capacidad de extinción, y la trayectoria demográfica de las comarcas de alto riesgo. Si ambos indicadores empeoran a la vez, el territorio de sacrificio se dibuja como un escenario cada vez más probable. Y el protocolo tiene que estar listo. Vigilar esas señales es lo que mantiene viva la estrategia que diseñemos.

ACTIVA: diseño de políticas que desactiven el fuego

Si EXPLORA era comprender el sistema, ACTIVA es tomar partido: componer, a partir de todo lo anterior, una estrategia y someterla a prueba. Recordemos, con honestidad, que no hemos hecho aquí un proceso de co-creación con múltiples actores. Esta es una propuesta modesta, apoyada en el análisis y validada con algunas personas del sector. Un punto de partida para que otros lo cojan, no un plan cerrado.

Diseñando la política rural como política de incendios

Es más fácil decirlo que hacerlo, pero es así: la mejor política de incendios de España es una buena política rural. Los motores del problema (abandono, acumulación de combustible, homogeneización del paisaje) son fenómenos rurales y económicos, no accidentes meteorológicos. Ya hemos descrito qué previene el fuego: población fijada en el territorio rural, ganadería extensiva viva y controlada, bosques donde la biomasa tiene un valor, paisajes diversos… Casi todo ello resuelve a la vez la despoblación, el empleo rural y la conservación. Un modelo únicamente en la extinción, en cambio, hipoteca los siguientes veranos para salvar este.

Un servicio ambiental, valorizado económicamente

¿Cómo llevar a cabo esta política de forma efectiva? Si hay que señalar una sola palanca, quizá sea el pago por servicios ambientales, entendido no como subvención sino como el precio justo de un servicio público que hoy alguien presta gratis. Durante décadas hemos tratado al medio rural como territorio débil al que «ayudar», al que subvencionar, un enfoque paternalista que, además, desaparece con el primer recorte presupuestario. Pagar por el servicio invierte la lógica: el mundo rural provee prevención, agua, biodiversidad y carbono en suelo, y la sociedad paga por ello un precio contratado y verificable (The Conversation). El caso mejor documentado es Gran Canaria Pastorea: en 2023, el Cabildo remuneró a 34 familias ganaderas por gestionar 2.269 hectáreas de pasto preventivo (Red Estatal de Montes Públicos).

Hay un detalle que hace del pago por servicios ambientales algo más que un instrumento económico: es una herramienta de construcción de relaciones. De coalición. Volvamos a ese mapa de actores. La prevención fracasaba, en parte, porque no tenía quien la defendiera. Pues bien, esta palanca convierte a un beneficiario difuso e inactivo, el ganadero aislado, en un actor organizado con interés directo en que la prevención se mantenga. Aumenta la capacidad de este grupo de articularse por la defensa de las soluciones.

Para que un esquema así no degenere en clientelismo o burocracia, proponemos cuatro principios de diseño: (i) pagar por resultado (combustible mantenido bajo un umbral en las áreas estratégicas) y no por presencia; (ii) incluir una verificación barata con teledetección por satélite y LiDAR; (iii) ofrecer una ventanilla única y un trámite mínimo, porque la burocracia expulsa justo a quien se quiere retener; y (iv) establecer un horizonte plurianual blindado, porque la prevención rinde a medio plazo y su peor enemigo es el vaivén de los presupuestos anuales.

Y luego está el factor humano básico, el del equipo de bomberos. Convertir la plantilla de extinción, hoy a menudo estacional y precaria, en brigadas estables durante todo el año. Así, los mismos equipos harían prevención en invierno (desbroces, quemas prescritas, mantenimiento de áreas cortafuegos) y extinción en verano. Es una sola decisión que arregla a la vez la precariedad laboral y el déficit de prevención, y que apunta en la misma dirección que la Ley 5/2024 básica de bomberos forestales (BOE) cuando pide profesionalizar y estabilizar el cuerpo. El bombero forestal deja de ser un gasto de temporada para convertirse en un agente activo tanto de prevención como de extinción.

Un diseño en capas

Un plan coherente opera en tres capas a la vez.

La capa del paisaje: el qué, una cuestión socio-ambiental. Reconstruir el mosaico con ganadería, bosque gestionado, quema prescrita y áreas cortafuegos (no las fajas, sino las áreas) tratadas, más la autoprotección de la interfaz urbano-forestal, que es la medida que más vidas salva por euro aunque no evite el incendio.

La capa económica: cómo sostener el balance económico. El pago por servicios ambientales, complementado con cadenas de valor (sellos de «carne del fuego», biomasa en cascada, madera, resina) e instrumentos fiscales y fondos europeos orientados al riesgo.

Y la capa de gobernanza: el quién y el cómo hacerlo durar. En esta tercera capa es donde muere buena parte de la buena política. La gestión forestal es competencia de las comunidades autónomas (Ley 43/2003 de Montes). Esto tiene una virtud: permite adaptar la estrategia a cada territorio. Pero la contrapartida es una fragmentación que produce diecisiete modelos, datos incoherentes y esa distribución regresiva de la capacidad de la que ya hablamos. La fragmentación, además, no se detiene en las fronteras autonómicas: llega hasta dentro de cada comunidad. Nuestra amiga bombera forestal lo describe en la suya: «las tres provincias son muy distintas, cada una depende de cosas distintas, las unidades se dirigen de forma distinta». En una hay guerra interna entre bomberos urbanos y forestales; en otra, «todo es un caos». Si eso ocurre dentro de una sola comunidad, imaginemos el conjunto.

El diseño de la gobernanza

Probablemente, el diseño más efectivo no pase por recentralizar. Esto, ni es posible a nivel constitucional, ni sería probablemente deseable. Quizá pase más por reforzar la coordinación. Esto puede materializarse de las siguientes maneras.

Suelos mínimos comunes de inversión preventiva. Un porcentaje de gasto en prevención por debajo del cual ninguna administración pueda caer, fijado como mínimo común para todas, sin invadir por ello la gestión de cada comunidad. Definir ese suelo: se puede hacer más, pero no menos.

Un sistema único de datos anclado en satélite. Hoy el MITECO y el sistema europeo EFFIS/Copernicus dan cifras distintas y no siempre comparables, y no se puede gestionar bien lo que no se mide igual. Un único sistema, homogéneo y en tiempo casi real, permitiría saber qué funciona y dónde invertir.

Cofinanciación estatal ponderada por riesgo y capacidad. Se trata de corregir un reparto regresivo. «Regresivo» quiere decir que quien menos tiene acaba soportando proporcionalmente más carga, o recibiendo menos apoyo. Con los incendios ocurre eso precisamente: las comarcas de mayor riesgo suelen ser las más despobladas y las más pobres, es decir, las que menos capacidad tienen de pagar su propia prevención. Ponderar la ayuda estatal por riesgo y capacidad significa que el dinero público vaya en mayor proporción a esas comarcas, para corregir el desequilibrio en lugar de agravarlo.

Ejecución a escala local y comarcal. La estrategia se puede diseñar desde las instituciones (debería hacerse de forma participativa, en cualquier caso). Pero se materializa abajo, donde los contratos de pastoreo, las quemas prescritas y la autoprotección de los pueblos ocurren de verdad. La comarca (una escala intermedia entre el municipio y la comunidad autónoma) suele ser el tamaño adecuado para coordinar todo eso.

Financiación de prevención blindada frente al ciclo electoral. Que el dinero de prevención no sea la primera partida que se recorta cuando llegan las estrecheces, ni dependa del susto del último verano. ¿Requiere esto un Pacto de Estado? Es una vía, pero no la única, y no está exenta de riesgos: en una sociedad muy polarizada, un gran pacto puede quedarse en un cajón. Existen fórmulas menos grandilocuentes y a veces más resistentes: fondos finalistas plurianuales (dinero que solo puede gastarse en prevención y que se aprueba para varios años), blindajes por ley, o acuerdos territoriales entre comunidades. La conversación política ya está abierta, y no solo desde los partidos: en el verano de 2026, la Fundación Pau Costa lanzó la petición «Actuar antes, no después: cinco compromisos frente a los incendios forestales», dirigida al Gobierno, al Congreso y a las comunidades autónomas, y respaldada por WWF España, Greenpeace, COSE y otras organizaciones conservacionistas y del sector. Reclama justo lo que este blueprint defiende: compromisos permanentes y coordinados, más allá de las campañas estivales y de los ciclos políticos, para pasar de la reacción a la prevención. Lo que estamos viendo es la sociedad civil pidiendo blindar la prevención, desde abajo.

Todo esto no exige necesariamente una inversión económica adicional. Exige, en primer lugar, corregir el desequilibrio presupuestario 78/12. Cada euro que pasa de la extinción tardía a la prevención temprana rinde decenas de euros ahorrados y, además, fija población todo el año, no solo en una temporada.

¿Qué puede fallar?

Todos tenemos nuestros sesgos. Nosotros, como diseñadores de cualquier propuesta, también. Así que vamos a intentar demoler nuestro propio análisis. Es lo que a nivel metodológico se llama red team, que aporta resistencia al error.

El contraargumento más fuerte es que en los días de meteorología extrema, los que producen los megaincendios, arde incluso el paisaje bien gestionado, y en 2025 ardieron también superficies gestionadas. Si el clima ha cruzado ciertos umbrales, el valor de la prevención frente a la extinción podría estar sobreestimado justo en las zonas y días de mayor severidad. ¿Cómo podríamos incorporar esta cuestión? El objetivo realista no es «cero incendios», sino pasar de un régimen de megaincendios ingobernables a otro de incendios que el sistema pueda absorber.

¿Qué actores podríamos haber dejado fuera del mapa? Al menos dos con capacidad de oposición: algunos grupos ecologistas que se oponen a la quema prescrita o al pastoreo en ciertos espacios protegidos, y los intereses urbanizadores de la interfaz, que presionan por seguir construyendo (ampliando el parque urbano) en zonas de alto riesgo.

¿Qué supuesto comparten los cuatro escenarios? Que el Estado conserva capacidad fiscal y operativa; ninguno contempla un colapso presupuestario. ¿Y qué podría ocurrir que hiciera fallar la palanca principal? Que la quema prescrita resultara jurídicamente inviable a escala, por el régimen de responsabilidad ante escapes, o que el pastoreo no pudiera hacerse viable ni con pago por servicios, por falta absoluta de relevo. De nuevo, incorporemos esto al análisis.

¿Qué es el «régimen de responsabilidad ante escapes»? Cuando se hace una quema prescrita y el fuego se escapa de la zona planificada, ¿quién responde de los daños? Hoy, en muchos casos, la responsabilidad recae de forma tan personal y difusa sobre quien enciende (el técnico, el agente, el propio ganadero) que casi nadie quiere asumirla, aunque la quema sea buena idea y esté bien hecha. Ese miedo a la responsabilidad frena la herramienta más barata y eficaz de prevención. Sin un marco que reparta ese riesgo de forma razonable (seguros, protocolos, cobertura pública para las quemas autorizadas), la quema prescrita a gran escala se queda en el papel.

El mayor obstáculo, sin embargo, es temporal. Reconstruir un mosaico y un tejido rural lleva más de una década; el coste es inmediato y visible, y el beneficio, invisible y diferido en el tiempo. Esa es la razón última por la que, pese a la solidez de ciertos diagnósticos, a la política pública le cuesta aplicarlo. No es un problema de conocimiento, sino de asunción de riesgos y de diseño institucional.

Una advertencia adicional: rebalancear no es desmantelar. Trasladar recursos hacia la prevención no significa debilitar la extinción, que seguirá siendo imprescindible para los días en que el mosaico no sea suficiente. De hecho, como nos recordaba nuestra amiga, la extinción ni siquiera está hoy bien desarrollada a nivel de equipo humano. Se trata de dejar de sacrificar sistemáticamente la prevención, no de invertir el error en el sentido contrario. Al fin y al cabo, y en palabras de nuestra amiga, quien está en el monte lo hace por algo: «Salvas un pueblo, salvas animales y vegetación, salvas un monte».

Auditoría de fuentes. Para robustecer el análisis, hacemos una auditoría de fuentes, porque todas tienen un interés detrás. La cifra del 78/12 procede de ASEMFO, la patronal del sector forestal, cuyo interés coincide con la conclusión que ese dato apoya: hay que triangularla (el ministerio corrobora la dirección; la cifra exacta hay que tomarla con cautela). En cambio, el récord de superficie quemada lo publica el propio Gobierno, al que no favorece: es un testimonio contra interés y, por eso, más robusto. Con ese criterio, cerramos etiquetando la confianza de cada pieza informativa: tenemos una confianza alta para el papel del abandono y del combustible como motor estructural, y para que mosaico, ganadería y pago por servicios sean movimientos sin arrepentimiento; media para las ratios presupuestarias exactas; y claramente baja para la viabilidad de la quema prescrita a escala nacional y para el escenario de «territorio de sacrificio». Así, vemos como algunas hipótesis sobre las que se sostiene nuestro análisis son más robustas que otras.

IMPULSA: semillas para inspirar el cambio

IMPULSA sería, a nivel metodológico, el momento de materializar. De tangibilizar y evaluar el impacto real. Dar forma a experiencias, herramientas e infraestructuras concretas, y evaluar su impacto de verdad, de forma colectiva y auditada. Eso excede a un estudio como el nuestro. Así que aquí hacemos lo que sí está en nuestra mano: convertir el análisis en semillas inspiradoras, para que alguien (tú, quizá) coja el testigo y lo lleve a su emprendimiento, a una convocatoria, a un ayuntamiento o a un plan de empresa.

Semillas para materializar el blueprint

1. Contrato de prevención. Una plataforma público-privada que contrate a ganaderos y propietarios por un resultado verificable (combustible por debajo de un umbral en las áreas estratégicas), no por presencia. Es el pago por servicios ambientales hecho producto, con trámite mínimo.
2. La minería de datos del combustible. Un servicio de teledetección (satélite y LiDAR) que mida carga y estructura de combustible a bajo coste. Es la pieza que hace posible pagar por resultado a escala, y desactiva la vieja objeción del fraude.
3. Carne del fuego, a escala. Una marca territorial y una cadena corta que pongan en el mercado el valor de prevención del pastoreo, al estilo de Ramats de foc, con trazabilidad de las hectáreas protegidas. El consumidor paga, en parte, la prevención.
4. Gestores del fuego. Cooperativas de quema prescrita que formen, certifiquen y aseguren a pastores y cuadrillas para hacer fuego de baja intensidad de forma legal y planificada. Convertir la cultura del fuego de problema en servicio.
5. Biomasa en cascada, de proximidad. Una logística local que recoja los residuos de la gestión preventiva y los dirija primero a su uso de mayor valor. Prevención que se autofinancia.
6. Autoprotección de la interfaz urbana. Un servicio de diagnóstico de vivienda y espacio defendible para las urbanizaciones en zona de riesgo, ligado a un producto asegurador. Aquí el sector seguros, ese actor pivote, se convierte en aliado.
7. La coalición de la prevención. Un observatorio o alianza que organice a los beneficiarios difusos (ganaderos, municipios rurales, aseguradoras) y les dé voz política. La jugada del mapa de actores, hecha realidad. Ya hay movimientos en esa dirección: la petición «Actuar antes, no después» de la Fundación Pau Costa, que reúne a fundaciones conservacionistas, selvicultores y ganaderos en torno a cinco compromisos de Estado, es una semilla de esa coalición ya germinando.

La manera de unirlo todo podría ser una comarca demostradora. Un territorio de alto riesgo donde se prototipe el modelo completo (mosaico, pago por servicios y gobernanza coordinada), con los indicadores clave bien monitorizados. Podría ser el tipo de proyecto que encaja en una convocatoria FEADER, LIFE o Next Generation, y que produce evidencia para escalar.

Mensajes clave

Te dejamos también algunos mensajes clave, por si sirven para llevar la idea a otros:

• El problema no es la chispa, sino lo que la chispa encuentra en el camino.
• Actualmente, tenemos menos chispas, pero se quema más superficie por cada una.
• La mejor política de incendios es una buena política rural.
• No pagamos 200 euros por prevenir una hectárea, y luego pagamos 20.000 por apagarla.
• Pagar por el servicio, no subvencionar una debilidad.
• Rebalancear el presupuesto (prevención/extinción) no es desmantelar.
• El hidroavión es una imagen mediática; el mosaico, más invisible, es una solución más efectiva.

¿Un resumen de este blueprint? Un país no deja de arder apagando más rápido, sino cambiando las condiciones del paisaje para que el fuego, cuando llegue (que llegará), no encuentre la autopista que hoy le tendimos. Esa es la chispa que sí queremos encender: del cambio de paisaje, y el cambio de mentalidad. Déjate prender y sigamos diseñando un mundo nuevo.

Referencias

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